Ibiza: El juez admite a trámite la denuncia del GEN por las obras del cinturón

Los arqueólogos que iniciaron la supervisión de la construcción declararon ayer en el juzgado. Los ecologistas denuncian a la empresa, Govern y Consell El juez del juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) por la destrucción de elementos patrimoniales durante las obras de ampliación del segundo cinturón de ronda sin que antes fueran debidamente documentados. Según informa el grupo ecologista, el juez ha abierto diligencias previas y ayer mismo tomó declaración en calidad de testigos a los arqueólogos de la empresa Posidonia que trabajaron durante un tiempo en la supervisión arqueológica de las obras. El GEN se ha personado como acusación particular.En concreto, el grupo ecologista denunció la destrucción de parte del BIC del camino de Puig d´en Valls, una cisterna púnico-romana y estructuras anexas, una necrópolis rural romana y otras estructuras, un tramo de 20 metros de un acueducto romano, un edificio de época púnica, una sitja y un yacimiento arqueológico en Can Sifre. Los ecologistas interpusieron por ello una denuncia contra la conselleria de Obras Públicas del Govern, la conselleria de Patrimonio del Consell y la empresa adjudicataria de las obras, MAB-Rubao, por un supuesto delito contra el patrimonio histórico, falsedad documental y prevaricación.El GEN recuerda que las obras empezaron sin control arqueológico a pesar de qDiario de Ibizaue lo obliga la ley y la empresa contaba con una partida específica. «Se mantuvieron así durante un mes, hasta que se hicieron públicos los destrozos que se estaban produciendo», recuerdan los ecologistas. Posidonia S.L. fue contratada luego para llevar a cabo las tareas de supervisión arqueológica, aunque, según apunta el GEN, «tuvo todo tipo de problemas para desarrollar su trabajo». «De hecho, cuando recomendaron la conservación in situ de una importante necrópolis romana en la zona de Puig d´en Valls, el conseller de Patrimonio les invitó a abandonar su trabajo», dice.La constructora prescindió de los servicios de los arqueólogos al considerar, según explica el GEN, que «su trabajo no consistía en dar su opinión sobre la importancia de los yacimientos hallados ni la conveniencia o no de conservarlos, argumento que manifestó al Consell para justificar el despido».

Fuente: Diario de Ibiza