¿Se puede controlar el expolio?

Los expertos consideran que es necesaria la voluntad política y la implicación directa de la Administración

MARIANA DÍAZ

La pregunta que encabeza esta página es de difícil respuesta, pero, según los arqueólogos, la Administración pública puede, y debe porque así lo manda la legislación estatal y autonómica, hacer todo lo posible para que no se produzca. Existen fórmulas, aseguran los expertos. Los restos arqueológicios no deben ser considerados tesoros, sino elementos fundamentales para reconstruir la historia, tanto si se encuentran en tierra como en el fondo del mar, pozos, ríos o lagos.

«Arqueología sólo hay una», dice Xavier Nieto, director del Centre d'Arqueologia Subacuàtica de Catalunya (CASC), que participó en la excavación de un barco griego sumergido en Cala Sant Vicenç. Tiene igual importancia, y debe ser igual de protegido, un yacimiento sumergido como uno terrestre. Así que volvemos a hacernos la pregunta. ¿Se puede controlar el expolio? Comenzaremos por el patrimonio subacuático puesto que en Balears no existe Carta Arquelógica Submarina, es decir, el inventario de los pecios o yacimientos que se conocen, o que puedan descubrirse, bajo el fondo del mar. Una Carta Arqueológica es un documento que siempre está abierto y recibiendo información. En Catalunya la elaboraron de 1992 a 1997, «pero seguimos». Nieto dice que «curiosamente, en España, Balears y Canarias son las únicas comunidades autónomas que no la tienen». La Carta Arqueológica Submarina es, según Nieto, «la herramienta básica y esencial». Y añade que «si un gobierno quiere hacer una política de conservación», disponer de ella «es la única manera» porque responde a tres preguntas básicas respecto al patrimonio: «¿Qué hay?, ¿Dónde está? ¿En qué estado se encuentra?».

Ferran Tarongí, presidente de la Sección d'Arqueologia del Col·legi de Llicenciats, reflexiona sobre que «el expolio subacuático es difícil de controlar, en parte, porque hay pocos que lo vean ya que ocurre bajo el mar; la mayoría de la gente estaría encantada de colaborar, los expoliadores son unos pocos que tienen montado el negocio o lo cogen simplemente para hacer un regalo, no todo el material va al mercado. Muchos tienen el almacén bajo el mar y cuando necesitan un ánfora bajan y la cogen». Para este arqueólogo, «la Administración pone la excusa de que el mar es muy grande para controlarlo, pero si no puedes controlar el territorio sí puedes hacerlo con los que se sumergen, pocos en relación a la población».

Los buceadores profesionales y deportivos deberían ser objeto de campañas de concienciación que les formaran en la valoración del patrimonio, apunta Tarongí, «porque serían una valiosísima fuente de información para localizar yacimientos; ya que los ven y saben lo que hay, lo mejor es implicarles en la salvaguardia y protección». Una forma sería que «en el cursillo para obtener el carnet hubiera un apartado sobre patrimonio». Así se evitarían casos como el que recordaba ayer Nieto, sucedido en los años ochenta en Cataluña, en el que el CASC tuvo que intervenir: «Un club de buceadores celebraba su aniversario y en el programa anunciaba una gimcana arqueológica, el que sacara más restos era el ganador». Los pescadores, «que fortuitamente encuentran restos enganchados a sus redes, también deberían ser aleccionados y formar parte de esa red civil de buenos informadores», apunta Tarongí.

Este experto destaca la necesidad de que la Administración «tuviera un equipo de arqueólogos subacuáticos propios o facilitar la existencia de uno para confirmar las denuncias que proporcionaría la sociedad civil concienciada, es decir, los submarinistas, y, como dice la Llei de Patrimoni, fomentar la vigilancia y cooperación policial». «Me consta que un sargento del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), de la Guardia Civil, ha expresado su deseo de que los miembros de este servicio reciban formación arqueológica para conocer mejor los materiales y actuar con más seguridad o certeza».

Fuente: Última Hora Menorca