EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
La UIB responde al juez que no puede hacerlo «por distintas circunstancias». El diputado de IU recrimina «la falta de independencia» de la universidad balear
El juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa ha solicitado a la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente del Ministerio de Cultura, la realización de un peritaje sobre el valor de los bienes patrimoniales afectados por las obras de las autovías y cuya destrucción ha sido denunciada por particulares y distintos colectivos: ENE, GEN e IU. Una cisterna púnico romana, un tramo de aproximadamente 20 metros de un acueducto romano, un edificio de época púnica y el yacimiento arqueológico de Can Sifre, compuesto por una `sitja´ y otras estructuras, son algunos de los elementos que aseguran que se han destruido y que motivaron la presentación de diversas denuncias en los juzgados.
El diputado y conseller de Izquierda Unida, Miquel Ramon, informó ayer en rueda de prensa de que el juzgado ha remitido al Ministerio de Cultura la petición del peritaje después de la negativa de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que, en su escrito dirigido al juzgado, alega que el «departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes nos ha indicado que por distintas circunstancias en este momento no puede realizar el peritaje solicitado». Ramon calificó de «escándalo» la negativa de la UIB, recordando que el juez se lo tuvo que pedir hasta dos veces, ya que la primera vez «ni siquiera contestó». El diputado de IU afirma que «la independencia de la UIB está muy cuestionada» y apuntó que cuando «el ciudadano Palau le pidió un informe en contra del Ayuntamiento de Eivissa [el informe económico de Eivissa Centre], no tuvo ningún problema en hacerlo rápido».
Ramon señaló que se han unido en un solo juzgado todas las denuncias presentadas por destrucción del patrimonio como consecuencia de las autovías por este asunto y que, «en contra de lo que dice el conseller de Patrimonio», las causas «no se han archivado». Recordó que la Fiscalía Anticorrupción rechazó inicialmente (la causa no está archivada, puntualizó) la denuncia por «corrupción económica», pero no así la de destrucción de patrimonio. El fiscal anticorrupción de Balears, Juan Carrau, considera que se debe tomar declaración «en calidad de posibles imputados» al administrador de la empresa concesionaria de las obras, así como a todos los arqueólogos que han intervenido en el seguimiento de las obras, aunque como testigos.
Por su parte, el conseller de Patrimonio, Joan Marí Tur, aclaró que sólo ha hablado de las sentencias que «hasta ahora» han sido favorables al Consell y Govern y que acata la realización de un peritaje. «Si las cosas están bien, nos felicitaremos. Si hemos hecho algo mal, rectificaremos si es posible. Siempre hemos actuado de buena fe», dijo, al tiempo que apuntó que el Ministerio de Cultura puede pedir un informe al doctor Jordi Fernández, director del Museo Arqueológico de Eivissa, que «estoy seguro» que lo hará «de acuerdo a la legislación». Reiteró que el Consell sigue día a día el trabajo de los arqueólogos.
Fuente: Diario de Ibiza
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