El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha afirmado hoy tras reunirse en La Moncloa con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que no permitirá que se urbanicen los terrenos de la ciudad visigoda de Toledo. La Vega Baja se convertirá así es un centro de excavación arqueológica, según ha informado Rafael Méndez.
El Ayuntamiento de Toledo pagó en 1999 un sobreprecio de 8,4 millones de euros por los terrenos donde se han hallado los restos de la vieja capital visigoda. En 1997, el municipio había adquirido al Ministerio de Defensa la antigua fábrica de armas que se levanta en el lugar desde la época de Carlos III, para convertirla en centro universitario. A cambio, recalificó los terrenos adyacentes y se los entregó al ministerio; se tasaron en 13,2 millones. Pero dos años después el Ayuntamiento los recompró por 21,6 millones. Eso sí, desde entonces la empresa municipal que gestiona la Vega Baja ha ganado 44,5 millones con la venta de parcelas.
Es en esos terrenos dónde se ha descubierto una ciudad visigoda única en Europa. El problema es que el nuevo Plan de Ordenación Municipal aprobado este año prevé la construcción de 1.300 viviendas en ese lugar. Fue aprobado con los votos a favor del Partido Popular y el Partido Socialista. Los terrenos han sido recalificados varias veces en las últimas dos décadas, pasando de ser industriales a protegidos y luego a urbanizables.
El hallazgo de los restos de la vieja capital visigoda no ha alterado los planes de urbanización de los dos partidos, que han quitado importancia al hallazgo. El ayuntamiento está en manos del PP, y la Junta es socialista.
La UNESCO, a través del instituto ICOMOS, ha denunciado el terrible atropello contra el patrimonio que supondría la urbanización del yacimiento. “La construcción de las viviendas supone una pérdida irreparable para la ciudad”, ha asegurado María Rosa Suárez-Inclán, presidenta de ICOMOS en España. Toledo fue declarada ciudad patrimonio de la humanidad en 1986.
Agua garantizada para Seseña
Barreda se ha mostrado hoy convencido de que el proceso de adjudicación del PAU El Quiñón de Seseña (Toleda) ha sido “absolutamente transparente, legal e impecable en su procedimiento administrativo y jurídico”. Además, el presidente autonómico ha asegurado que la fase que va a entrar en funcionamiento el año que viene tiene garantizado el suministro de agua. El resto tampoco tendrá problemas de abastecimiento, ha añadido.
El Residencial Francisco Hernando, como también se conoce el PAU, está en medio de tierras yermas toledanas. Cuando esté terminada será una de las mayores urbanizaciones de España, con 13.508 viviendas en 280 bloques de 10 plantas. Una ciudad para 40.000 personas. IU afirma que irá a los tribunales porque, pese a que el pueblo tiene problemas de agua y necesita camiones cisterna en verano, PSOE y PP han apoyado el proyecto y han previsto solventar la escasez con infraestructuras que costarán más de 100 millones. El constructor, Francisco Hernando, fue declarado persona no grata en un municipio de Madrid por corrupción, pero es amigo del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana. Ese partido, en cambio, le vincula con el ex ministro socialista José Bono.
Fuente: El País
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