La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento de la comunicación realizada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en la que se comunica el archivo de las diligencias abiertas sobre las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Cartagena.El Fiscal Jefe ha comunicado a la fundación Teatro Romano que “de lo actuado no existen indicios racionales de criminalidad”.
La investigación fiscal fue abierta como consecuencia de una denuncia de la Plataforma Virgen de la Caridad en la que se cuestionaba la legalidad del proyecto del Teatro Romano que ha sido elaborado por un grupo de expertos en arqueología, patrimonio y arquitectura dirigidos por Rafael Moneo.
Responsabilidad.
José Cabezos, concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, cree que “la denuncia era absurda y descabellada” y ha pedido responsabilidad a los colectivos que se definen como defensores del patrimonio para que no paralicen y pongan en peligro las actuaciones públicas.
Cabezos ha recordado que “las denuncias de esos grupos han sido desestimadas siempre y sólo han servido para retrasar proyectos fundamentales para Cartagena”.
El concejal ha puesto como ejemplo las sentencias judiciales en contra de Massiena y Adepa en asuntos como Las Siervas y el del proyecto del CIM. “Son posturas irresponsables, han merecido siempre el rechazo de los jueces y hay que recordar que una de ellas llegó a ser calificada como temeraria por el magistrado que dictó la sentencia”.
El concejal de Cultura y Patrimonio entiende que “estamos en muchas ocasiones ante personas que intentan imponer sus criterios a golpe de denuncia. No les ha importado sentar en el banquillo a funcionarios públicos ni cuestionar el trabajo de profesionales de talla internacional. Moneo es doctor ‘honoris causa’ por cinco universidades, no sé cuál es el expediente académico de los miembros de la plataforma. Sería bueno que los aficionados dejaran trabajar a los especialistas”.
Por su parte, el gerente de la Fundación Teatro Romano, Vicente Balibrea, dice que el archivo de la denuncia corrobora la legalidad con la que se está actuando en la restauración y puesta en valor del patrimonio.
Fuente: El Faro.
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